La asamblea determinó la necesidad de suspender por completo las actividades académicas ante los oídos sordos de la administración que había aceptado algunos de los puntos del pliego de peticiones, pero había descartado la renuncia del rector. Mientras esto se daba, la comisión encargada de crear el nuevo Estatuto General, redactaba el documento al margen de las peticiones de los estudiantes.

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Para ese momento, el rector Rafael Aubad se había marginado temporalmente de su cargo cuando el viernes 5 de noviembre de 1993, cincuenta jóvenes decidieron cerrar el Alma Máter y levantar un campamento permanente, al cual el Negro se sumó.

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El domingo siguiente, luego de canelazos y ollas comunitarias, a los estudiantes les llegó una visita militar de Rito Alejo del Río, comandante de la IV Brigada, que años después se sabría, según investigaciones de la justicia, ordenaba masacres, asesinatos sistemáticos a líderes rurales, falsos positivos y, en general, crímenes de lesa humanidad. Este general recibiría reconocimientos y elogios del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, quien lo consideró un pacificador del Urabá, cuando entre 1995 y 1998 el referido “estratega” fue comandante de la Brigada XVII del Ejército.

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El Negro recuerda ese momento conteniendo una risotada:

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“Cuando se acabó la huelga quisimos seguir con un campamento universitario y nos cayó del Río, nos reseñó y a algunos se les dañó la vida. Durante el campamento, sin que lo supiéramos, nos estuvieron acompañando personas de la inteligencia militar. Su propósito era hallar pruebas que nos incriminaran con la insurgencia. Cuando nos agarraron nos trasladaron a la cancha de fútbol, nos sentaron, nos requisaron y fuimos rodeados por un pelotón del Ejército.

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Llegó Rito Alejo del Río con su paso pesado y de camuflado. Se hizo en frente de nosotros y nos miró detenidamente por algunos segundos. Hasta ese momento yo no sabía quién era, pero si estaba vestido de militar no era bueno. Entonces le escuchamos levantar la voz como para que le dirigiéramos la mirada: ‘Ahora sí vamos a meter a esta gente presa’.

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Dio algunos pasos y ordenó a una mujer: ‘Compañera fulana’. Y vimos surgir de la nada a una muchacha que llevaba en la mano unos papeles. Rito Alejo los recibió complacido y se quedó por un instante en silencio, analizando lo que después supe que era un dibujo.

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Disimulando su molestia, dijo: ‘¡Carajo! ¿Esta es la prueba?’. La joven interpelada se precipitó a resaltar la apología a la marihuana del cantautor dibujado. De pronto escuchamos de nuevo al militar con voz alterada:

 

‘¡Pero por Dios! Hasta mi nieta tiene un afiche de Bob Marley’. Y juajuajua, no pudimos más que reírnos”.

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El gobernador de Antioquia y presidente del Consejo Superior Universitario, el conservador Juan Gómez Martínez, en un comunicado dijo haber autorizado el ingreso de los militares al Alma Máter para el desalojo de cincuenta estudiantes. Según las directivas, en cabeza del rector encargado Álvaro Gaviria Ortiz, “el mazo Gaviria”, el fin de semana dentro de la Universidad hubo petardos y disparos, y el sábado los manifestantes se habían apoderado de las porterías de la ciudadela para no dejar entrar a nadie.

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En una nota de prensa de El Colombiano del 9 de noviembre, las autoridades policiales afirmaron haber hallado dentro de la U, “una granada de fragmentación M-26, 17 cartuchos para revólver calibre 32, una capucha verde y panfletos del Ejército de Liberación Nacional y del Frente Estudiantil Revolucionario”.

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Otra persona que emitió su declaración sobre la operación militar fue el abogado Jesús María Valle, docente y exalumno de la UdeA. Para ese momento era miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos: “La experiencia enseña que la intervención militar en la universidad no es conveniente ni para la academia ni para el buen funcionamiento de la institución. Hay que insistir en los diálogos, el foro permanente, colocando en pie de igualdad a todas las partes integrantes de la Universidad”.

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El Nuevo Estatuto General de la UdeA sería aprobado en marzo del siguiente año, y la renuncia de Rafael Aubad fue aceptada por el gobernador en agosto de 1994, cinco meses después de haberla presentado.

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“En el 94 –continúa el Negro-, se dio una pelea casi igual, casi siempre tenía que ver con necesidades y problemas de facultades. Pero la característica que quiero anotar y que más recuerdo, es que eran peleas de muy poquitos estudiantes. La participación del movimiento no era masiva. Estoy hablando de máximo cien personas. Y cuando teníamos buenos resultados aparecían hasta trescientos estudiantes, y eso que el auditorio es de mil doscientos. Esto nos obligó a hacer algo que hoy es considerado de moda, y fue fortalecer la presencia del trabajo estudiantil con actividades culturales, con elementos simbólicos para concientizar a los demás de la importancia que se constituyeran como sujetos políticos en defensa de la universidad pública.

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Más de una vez utilizamos el símbolo del entierro de la universidad. Lo que hicimos fue vestirnos como miembros del Ku klux klan, con estudiantes de teatro que se encargaron del dramatizado del tema de la privatización. A nosotros nos obligó la necesidad de crear ese tipo de formas de trabajo para llamar la atención de los estudiantes y de los profesores, a quienes les daba miedo participar del movimiento estudiantil”, recuerda el Negro.

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El efecto para aglomerar a la comunidad universitaria en torno a los reclamos del movimiento tuvo positivos resultados a finales de ese año, entre otros factores, por un repentino aumento en las matrículas.

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A ello se sumó la lucha del estudiantado para que se dejara de utilizar el puntaje obtenido por los bachilleres en el examen del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), como método de ingreso a las universidades. Y docentes avizoraban un incumplimiento por parte del gobierno ante las peticiones de nivelación salarial y pensional.

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A esto se sumaron varios crímenes: el asesinato en abril de Luis Fernando Ortiz Velásquez, líder estudiantil del Consejo de Facultad de Ingeniería. Su cuerpo fue hallado descompuesto en el río Medellín. Luego siguió el asesinato del docente de ingeniería sanitaria Marco Aurelio Pérez Castrillón, sacado del salón de clases por hombres armados el 28 de octubre de 1994. El miedo era el sentimiento dominante.

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En el 95 la problemática del examen del Icfes se incrementó. El Negro recuerda que, “eso fue una lucha cuasi académica entre estudiantes y la administración. Líderes de varias facultades nos juntamos y nos propusimos estudiar como locos con el fin de vencer los argumentos de la rectoría, en ese momento en cabeza de Jaime Restrepo Cuartas.

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Con Alberto Uribe Correa como rector, le tocaría a otra generación librar la misma lucha 20 años después.

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Lo que hicimos nosotros en 1995 fue enfrentar con argumentos a la administración, para democratizar la decisión a tomar. Esa tarea fue posible en una lucha de contra argumentación permanente, leyendo libros y estudiando estadísticas por montones. Estuve discutiendo el tema, así con mi acento, en las facultades de Filosofía, de Economía, de Enfermería y Medicina.

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Así mismo, estuvimos en colegios ilustrando a los futuros bachilleres sobre las desventajas del nuevo modelo de admisión a la universidad. Llegamos a reunir en el Camilo Torres, si la memoria no me falla, a al menos cuarenta colegios, muchachos de grados 10 y 11 con sus profesores, que escucharon una exposición sobre el examen del Icfes del profesor Henrique Batista.

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Ese día comenzó el paro y hubo tropeles. Recuerdo una anécdota que no se me olvida en pleno tropel. Unos pelados del colegio Pascual Bravo cayeron y ayudaron a bloquear la calle. Llegó un batallón antinarcóticos y nos levantaron a fusil y gases. Yo participaba como paramédico por la pésima puntería para tirar piedras y una horrible letra para hacer pintas; tengo letra de médico y una vez casi descalabro a pedradas a un compañero.

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La suerte no se definía a nuestro favor. Los protestantes estábamos sometidos, tirados en el piso, esperando un espacio para huir. Cuando de pronto se hizo un profundo silencio y salió corriendo un pelado, de apariencia diminuta y de nuestro lado. Caminó hasta la malla que da a la calle Barranquilla con la portería de la Avenida Ferrocarril, y le pegó un grito al batallón que se escuchó en toda la universidad:

 

“¡Ríndaaaaseenn que estaaán rodeadooss!”. Juajuajua… Ese día pensé que no iba a llegar vivo a la casa”.

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A mediados de ese año la actividad académica estuvo truncada también por paros programados por docentes. Fue elegido como rector Jaime Restrepo Cuartas, quien publicó una carta abierta a mediados de julio del 95 donde explicó y pidió lo siguiente:

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“… A finales de 1994, el Consejo Académico, por medio del Acuerdo 021, decidió modificar el antiguo examen de admisión por el de las pruebas del Icfes, hecho que originó el actual movimiento estudiantil, cuya Asamblea General hizo siete solicitudes perentorias y entró en un paro indefinido a partir del 17 de mayo de 1995. Con la admisión programada para el segundo semestre de este año, la Universidad había hecho un compromiso público que legalmente tenía que respetar y por esta razón ingresaron bajo ese sistema 1634 estudiantes, el 57 por ciento de colegios oficiales. [ …] Ahora la Universidad hace un llamado categórico a la normalización de las actividades académicas a partir del 17 de julio del presente año, una vez concluyan las vacaciones reglamentarias de los docentes …”.

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Ese año ocurrió uno de los peores hechos de violencia política en contra de estudiantes:

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“No se me olvida la discusión que hicimos en el teatro por la desaparición del estudiante Jorge Iván Alarcón. Fue liderada por Gabriel Bocanumenth, Rollo. Asistió a la Asamblea casi toda la familia del desaparecido y nos propusimos hacer toda la bulla posible para que las autoridades respondieran”, afirma Oliveros.

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Todo comenzó el 6 de mayo entre los municipios de Armenia y Heliconia, cuando Jorge Iván Alarcón y su amigo artista Édgar Augusto Monsalve fueron detenidos por la policía, que se encargó de traerlos y llevarlos por diferentes poblados. Declaraciones de familiares de los jóvenes quienes llevaron a cabo su propia investigación, comprobaron que ambos, tras ser retenidos, fueron trasladados hasta el corregimiento de San Antonio de Prado, donde los esperaban otros policías del municipio de Armenia-Mantequilla, que finalmente condujeron a los estudiantes a zona rural de Titiribí.

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Allí fueron entregados a paramilitares.

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El proyecto Hacemos Memoria reconstruyó en parte esta historia, y comprobó que familiares de las víctimas acudieron incluso a la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes). Informes de la Policía Nacional citados por Asfaddes, corroboran tales datos.

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Días después a la Universidad acudió un tío de Alarcón con el fin de buscar ayuda y empapelaron toda la universidad con las fotografías de los jóvenes. Ese tío era Luis Gonzalo Sánchez, a quien se le ocurrió arrojar desde una avioneta 25 mil volantes con las imágenes de los desaparecidos.

 

Pero agentes de la Policía lo interceptaron en el Aeropuerto Olaya Herrera y, sin dar explicaciones, le decomisaron los papeles.

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El caso llegó a Amnistía Internacional y un año después la Fiscalía, según archivos de Asfaddes, dictó medida de arresto contra 37 personas, entre ellos un teniente del Ejército, un cabo y un policía. Este procedimiento fue disuelto por la justicia militar que los absolvió.

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A pesar del desalentador panorama la hermana del estudiante de ingeniería Jorge Iván Alarcón, Sandra Alarcón, continuó en búsqueda de justicia y se vinculó a la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos.

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“Pero el 6 de octubre del 2000, –dice una nota de la línea de tiempo elaborada por Hacemos Memoria-, ella también fue víctima de desaparición forzada, junto a su compañero Ángel Quintero, también miembro de la organización. Ambos desaparecieron en el centro de Medellín, luego de que un grupo de hombres los obligara a subir a un automóvil”. Luis Gonzalo Sánchez, por su parte, no dejó de recibir amenazas de muerte durante muchos años.

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Continúa el Negro, escarbando en su memoria, que junto a María Múnera, Carmiña, Elda Soler, Sergio y otros elegidos por la Asamblea de estudiantes:

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“Logramos que se suspendiera el examen del Icfes como criterio de admisión y obtuvimos el derecho a que la administración publicara las conclusiones de la Asamblea General.

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En 1996, con motivo de respaldar a unos desplazados campesinos del Oriente antioqueño y el Bajo Cauca, le pedimos al rector Jaime Restrepo Cuartas que nos publicara las conclusiones de la Asamblea, en la que por primera vez nos atrevimos a llamar las cosas por su nombre. Estábamos algunos líderes en la sede de la Ceua, esperando a que nos llegaran las copias, pero nada que llegaban.

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A las tres de la tarde decidimos encarar al rector y cuando entramos al bloque administrativo, lo vimos salir con sus escoltas. En ese momento le reclamamos el porqué no había publicado las determinaciones de la Asamblea. Él nos respondió, ‘Nosotros no pensamos publicar esas conclusiones’. ‘¿Y por qué?’. ‘Es que miren, tratan al presidente del Consejo Superior de la universidad como paramilitar, aparte de eso miren los términos que utilizan: revolución, lucha, movimiento… Esos no son términos para una conclusión’.

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Simpson le respondió ante la sorpresa de todos: ‘¿Entonces usted es uno de los que cree que las palabras se privatizan y que la palabra revolución, lucha, movimiento, justicia, son de izquierda? ¿Y las palabras orden, disciplina y fuerza, son de derecha? Pues déjeme decirle que no, vaya y pregúntele al cuentero Jorge Aníbal Niño, que escribió todos sus cuentos y los publicó, y alguien le dijo que, por allá, un señor guanabanero en no sé qué municipio, cada vez que le compraban un jugo recitaba uno de sus cuentos. Imagínese que a Jorge Aníbal le dio mucha curiosidad y se fue a conocer el guanabanero y lo encontró y le escuchó contar muy bien sus cuentos, y le preguntó de quién eran esos relatos, y el guanabanero le dijo, ‘esos cuentos son míos’. Ese día aprendió Jorge Aníbal Niño que las palabras que alguna vez fueron de él, ya no lo eran, que ahora pertenecían al pueblo. Ahora ¿usted me está diciendo que las palabras se privatizan? ¿Y que esas palabras no se pueden utilizar en una asamblea de estudiantes?’. En ese momento el rector se quedó mirando la hoja y nos dijo, viéndose derrotado: ‘¿Cuántas copias quieren?’. Juajuajua. Todos quedamos sorprendidos”.

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El presidente del Consejo Superior de la universidad, a quien acusaban de promotor del paramilitarismo, era Álvaro Uribe Vélez, para entonces gobernador de Antioquia.

 

Poco después de este hecho ocurrió una masacre por la cual 17 años después el Estado aceptaría responsabilidad.

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El 29 de junio de 1996, a eso de las 8:30 de la noche, en el sector de la terminal de buses del corregimiento de Belén Altavista, llegaron diez hombres que según testigos portaban armas de uso privativo de las fuerzas militares y distintivos (chalecos y brazaletes), del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI). Los allí reunidos eran jóvenes que celebraban el vaciado de una placa polideportiva para el barrio. Los presuntos agentes enfilaron a varios jóvenes y les interrogaron sobre el paradero de milicianos (células urbanas de grupos subversivos).

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Una nota de prensa afirmó que los hombres tenían fusiles R-15, pistolas y subametralladoras 9 milímetros, y habían llegado en un Chevrolet Sprint gris y un Skoda azul, con las placas tapadas.

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Lo primero que hicieron fue disparar a los pies de los jóvenes y rematarlos. Un menor, que buscó refugio detrás de la imagen de una Virgen, fue acribillado. En total, 16 pelados fueron asesinados dejando una escena que María Lucía Arboleda Muñoz, madre de dos de las víctimas, recordó en octubre del 2017 en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, a donde acudió para escuchar las excusas públicas del Estado.

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La mujer de 72 años, con voz resignada y cansada, y que para sobrevivir trabajaba en casas de familia, dijo ante la cámara de Teleantioquia que la tranquilizaba el hecho de que la imagen de sus dos hijos fuera por fin limpiada, ya que en su momento las autoridades los señalaron como milicianos.

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Oliveros recuerda que la masacre conmovió al movimiento estudiantil que durante varios días salió a manifestarse frente a este acto que, al parecer, había sido ejecutado por paramilitares. La consigna que más se gritó en coro durante los recorridos hasta la Alpujarra fue:

 

“Álvaro Uribe paramilitar, en Altavista mandó a masacrar”.

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Una masacre de tal magnitud no se veía en Medellín desde el 23 de junio de 1990, cuando en un bar llamado Oporto en el municipio de Envigado, concurrido por jóvenes de familias adineradas, fueron asesinados 23 jóvenes por una cuadrilla de hombres que llegaron en varias camionetas. A la fecha, como ocurre con la masacre de Altavista, las autoridades solo tienen hipótesis sobre quiénes eran los sicarios detrás de las capuchas.

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