Los hermanos infiltrados

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El domingo primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, tres días antes de la detención de 14 estudiantes por la explosión del 10F, se convocó como es costumbre una gran marcha. En ese momento los movimientos sociales estábamos divididos. Por eso hubo tres manifestaciones, una por la calle Ferrocarril, otra por Carabobo y otra por Bolívar. Una la lideraba el sector clasista de la CUT, la otra la Central General de Trabajadores de Colombia, y la tercera por los estudiantes. Todas confluimos en el mismo lugar, el parque de San Antonio, donde curiosamente la alcaldía de Sergio Fajardo había instalado una tarima con artistas.

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En San Antonio había mucha confusión. Temíamos que de pronto la cosa se calentara. Algunos se fueron y otros disfrutaron de un sancocho. Incluso había payasos y malabaristas. Nosotros estábamos en un rincón del parque e hicimos una vaca para comprar algo de tomar y comer. Pero todo estaba cerrado, no solo porque era domingo, sino porque los comerciantes temían disturbios. Lo único abierto era el Éxito, a pocas cuadras de allí.

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Recogimos el dinero y me fui con un compañero llamado Camilo. Ya dentro del Éxito, mi amigo se adelantó y subió por las escaleras eléctricas en dirección al restaurante.

 

En esas me abordaron dos hombres. Uno se hizo en frente mío, y el otro detrás, algo intimidantes. El más grande y fornido me dijo en tono burlón: “Te tenemos ubicado, vas a responder por lo que le hiciste a mi hermano”. Me pregunté si no me habrían confundido, pero nadie más estaba cerca.

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El desconocido se río y de inmediato se puso serio. Señaló, acusativo:

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- Vos fuiste el que mató a mi hermano.

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 -¿Yo maté a su hermano? ¿Pero, quién es su hermano? Yo nunca he matado a nadie.

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Comencé a sentirme nervioso. Intenté mirar a la otra persona, pero en cuanto daba un paso atrás, ellos daban uno adelante. En el Éxito solo estaban las cajeras. Miré escaleras eléctricas arriba y Camilo me miraba interrogativo, haciéndome con la mano la señal de qué pasaba. Entonces le dije al desconocido que si lo que quería era hablar, que lo hiciéramos. Pero enseguida me detuvo y aseguró que debía prepararme para lo peor. Me hizo otras advertencias que no recuerdo. Finalmente me atreví a darles la espalda y tomé las escaleras.

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Compramos la gaseosa, comentamos la anécdota, y regresamos a San Javier. Meses después supe que quienes me habían abordado eran conocidos como los hermanos Muñoz David, reinsertados del EPL que trabajaban para la IV Brigada como testigos de la Fiscalía.

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Tres días después, el 4 y 5 de mayo, se presentó la captura masiva de estudiantes: catorce en total, sindicados de pertenecer al ala terrorista de las Farc y el ELN, en una operación que llamaron, curiosamente, Álgebra II.

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Pensé que una cosa tenía que ver con la otra, y hasta me sorprendió que yo no hubiera sido uno de los detenidos, quienes fueron llevados a la sede de la Fiscalía y, posteriormente, a la cárcel Bellavista, y la única mujer a El Buen Pastor. La persona que había sido designada para la investigación, que no llegó a nada, fue la fiscal 51 especializada de Medellín, María Fabiola Mejía Muñetón. Cuando a veces hablo con estudiantes de la época y llegamos a este caso, todos dicen lo mismo: “Era la tinterilla de Uribe”.

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Como yo venía acompañando a la gente herida, algunos de ellos detenidos en el operativo, decidí continuar adelante. El Consejo Rectoral y académico se reunió en pleno en el Teatro Camilo Torres para discutir cuál iba a ser la posición de la universidad ante los arrestos. Yo exigí ingresar a la universidad y entré junto a otro compañero, Víctor Hugo Tobón, que había sido detenido también, pero a las horas salió libre porque la orden de captura estaba mal diligenciada. Resulta que a él desde siempre entre los amigos le habíamos dicho Machado, y seguro los informantes de la Fiscalía creyeron que ese era su apellido. Pero no. Le decíamos Machado porque vivía en ese barrio. Él también estaba indignado y molesto, así que me acompañó.

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Entramos al recinto y tomamos la palabra. Dijimos que mientras los estudiantes no fuesen juzgados debía preservarse su presunción de inocencia, y exigimos asumir un acompañamiento a los estudiantes detenidos. Sabíamos las condiciones en las que la Fiscalía solía tener a sus presos, sin permitirles ni siquiera una visita familiar.

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Los detenidos eran estudiantes de escasos recursos, así que lo primero que hicimos fue un mochilazo. Recuerdo que recorrí las filas del auditorio con una bolsa plástica transparente y al primero que me acerqué fue al rector Uribe Correa. El hombre me miró confundido, sin saber qué hacer y mirando a sus colegas. Sacó su billetera y extrajo un billete de 50 mil pesos. Pasamos por todos los decanos y luego por los profesores. Nos recogimos tres millones en solidaridad.

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Con el dinero compramos comida y utensilios de aseo para los detenidos. Los meses posteriores fueron de total anormalidad, e incluso grupos de estudiantes de varias universidades hicimos manifestaciones a la entrada de la sede de la Sijín. Poco después, la defensa de los muchachos fue ejercida por profesores abogados de la universidad y la Corporación Jurídica Libertad, entidad en la que meses después colaboré como investigador.

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A partir de allí los estudiantes conformamos un comité de solidaridad con los detenidos, con el fin de buscar apoyo de sindicatos y otras organizaciones, y seguir recogiendo fondos. Eso hizo que se generaran dos situaciones.

 

Por un lado, que la fiscal Fabiola Mejía Muñetón comenzara a decir que tenían que investigar a Víctor y a mí porque ella no comprendía por qué estábamos haciendo un comité de solidaridad; para ella eso era inentendible.

 

Y lo otro fue que varias personas comenzaron a ser hostigadas por los hermanos Muñoz David, que hasta el momento yo no sabía quiénes eran y por qué mantenían en la universidad. Es como si hubieran aparecido de la nada y hasta tuvieron su minuto de fama cuando le concedieron años después, al periodista Guillermo Arturo Prieto, conocido como Pirry, una entrevista donde se hicieron pasar como víctimas.

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A mediados de julio de ese año el Tribunal Superior de Medellín revocó la medida de aseguramiento contra seis de los estudiantes, sobre los que pesaban los delitos de rebelión, terrorismo y hurto agravado y calificado. Los estudiantes del comité de solidaridad nos sentimos felices con la noticia. Para esa liberación, pedimos a las directivas preparar una logística y ayudar a salir a los compañeros, pues temimos que atentaran contra ellos una vez salieran de la cárcel. Nos facilitaron un microbús.

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Llegamos a Bellavista al mediodía y hasta las once de la noche los dejaron salir. Pensamos que era una estrategia para atacar el microbús en la noche. Los recibimos y, por fortuna, los logramos llevar a sus casas durante toda la madrugada. El último que recobró la libertad fue Gabriel Bocanumenth.

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Seguí dando declaraciones a medios de comunicación, lideraba asambleas y mi perfil subió. Incluso los comandantes de la fuerza pública me identificaban, y terminé convirtiéndome en el vocero de los estudiantes frente a este caso.

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La libertad de los estudiantes motivó a que otros se unieran al comité de solidaridad, que sabíamos era objeto del asedio de las autoridades. Fue entonces cuando nació un colectivo al que dimos por nombre Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, y al que se adhirieron algunos de los que habían cobrado su libertad.

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Para ese entonces éramos dieciocho personas. La primera actividad sería el 11 de octubre con el fin de que la comunidad universitaria y la opinión pública conocieran nuestros objetivos, y dejáramos de tener ese manto de irregularidad con que la fiscalía de Fabiola Mejía Muñetón quería cubrirnos. Escogimos esa fecha porque en ella se conmemora el asesinato del Jaime Pardo Leal, candidato a la presidencia por el partido de la Unión Patriótica, ocurrido en 1987.

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Ese día estábamos muy entusiastas. Planeamos una actividad cultural en la plazoleta en la que también recordamos el genocidio de la Unión Patriótica y pusimos fotografías de personas que habían sido asesinadas o desaparecidas. Una semana antes de la actividad, le avisamos al rector de nuestro propósito. Recuerdo que el asesor jurídico de ese momento, Mauricio Aramburo, al escuchar nuestra propuesta, pronunció una frase que aún comentamos los que estuvimos ahí ese día: “No podemos darles el apoyo porque, ¿qué tal que a todo el mundo le dé por defender derechos humanos?”.

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Un día antes de la actividad creamos un correo electrónico, que era toda una novedad porque ni los celulares se habían hecho masivos. Y el primer correo que nos llegó fue del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, pidiendo nuestra colaboración en la denuncia de los encapuchados. Lo peor fue que durante el evento, que desarrollamos en la Plazoleta Barrientos, una amiga del colectivo fue al baño del Bloque 6, y dos hombres la encerraron y la amenazaron de muerte. Ella se devolvió toda asustada a contarme lo que le había pasado y me manifestó que era mejor no seguir en el comité.

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Al día siguiente nos llegó una amenaza de muerte de las Autodefensas de la Universidad de Antioquia por el mismo correo. Denunciamos los hechos, pero todo quedó en el papel. Así que el día de la inauguración de nuestro proyecto éramos dieciocho personas, y a los dos días éramos de nuevo los cuatro peludos de siempre.

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Nos siguieron llegando intimidaciones y los hermanos Muñoz David no nos dejaban en paz. En lo personal implicó que yo cambiara mi ritmo de vida, calculara mis horas de salida y de entrada. No tuve salidas nocturnas, y no supe que era una fiesta hasta muchos meses después. Los fines de semana trabajaba como vendedor de comidas ambulantes. No tomaba el bus a la misma hora ni en el mismo lugar, cambié rutas de salida, y fui muy disciplinado con eso. Es una sensación de continuo acecho y zozobra. Aunque estaba confiado en que mi lugar como personaje público me protegía, pues me aseguraba de no andar con compañías que pudieran incriminarme.

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Yo solo tomaba tinto en Asoprudea o en Tronquitos, apenas si llevaba algo para comer y ese hábito hizo que bajara de peso. Me puse flaco y ojeroso. Entonces conocí a una muchacha de Ciencias Económicas que comenzó a traerme comida, y con ella comencé una relación bonita.

 

Años del comité Marulanda

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Tiempo después yo estaba en el departamento de historia con unas compañeras luego de una clase de seis de la mañana, y sin advertirlo los hermanos Muñoz David me cogieron por detrás, en frente de ellas, buscando inmovilizarme. Uno de ellos me dijo: “Ya cogimos a tus parceros, llegamos por vos”. El otro repitió: “Ya cogimos a tus amigos, seguís vos”. Entonces todo encajó para mí: los hermanos Muñoz David estaban involucrados en la detención de los estudiantes.

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A la fuerza y con rabia logré zafármeles y me les paré en frente. Les dije: “Viejos, viejos, ¿qué es lo que pasa?”. Ellos se rieron y uno dijo: “Vamos a vengar la muerte de mi hermano”. La frase ya me sonaba molesta. Y les pregunté de nuevo: “¿Quién es su hermano, de quién me hablás? Si quieren nos tomamos un tinto y conversamos a ver qué es lo que pasa”. Eso se repitió varias veces, me decían en los pasillos: “La estás pagando Alejandro, la estás pagando”.

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Luego supe que yo era a quien menos me había ido mal con los tipos, porque a uno de los liberados, René, sí lo llegaron a aporrear. También a Rollo lo agredieron. A mi amigo Víctor Tobón lo empujaron por las escalas de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, y le fracturaron una pierna. Y años después a Pedro Pablo Restrepo, representante de los pensionados de la universidad, le tocó defenderse de uno de ellos con violencia.

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Uno de los peores golpes que tuvimos los agredidos, fuera de que las directivas de la universidad no tomaban cartas en el asunto a pesar de las denuncias, fue saber que uno de ellos trabajaba en la biblioteca y tenía acceso a nuestros historiales de lecturas.

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En medio de la desesperación y nuestra lucha por mantener a flote el comité de derechos humanos, un hombre nos contactó y nos dijo que quería hablar con nosotros. Era alguien que había pertenecido al EPL. Nos confirmó que los hermanos Muñoz David habían hecho parte de la guerrilla del EPL, y que sí tenían un hermano que años atrás había muerto, no por un asesinato, sino supuestamente por mano propia: se había quitado la vida y fue conocido como Jota.

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El hostigamiento de los hermanos también fue denunciado ante la Fiscalía, pero eso nunca prosperó. Nos dimos entonces cuenta de un proceso que se estaba fraguando en contra nuestra por parte de la red de inteligencia militar. Nos dimos cuenta por pura coincidencia. Un abogado que defendía a su cliente ante los militares me aseguró que había visto mi cara en un organigrama. Me dijo: “Parce, su foto está en la IV Brigada con la de este y este”. Analizamos la situación con unos abogados a ver qué hacer contra eso. Nos recomendaron que fuéramos a comparecer a la Brigada, y meter un derecho de petición y conocer qué tenían en contra nuestra. Porque, por ley, si estabas metido en una investigación tenían que notificarte.

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A la Brigada nos presentamos treinta estudiantes. Una fiscal nos dijo que de los que nos habíamos presentado, tenían investigación sobre cuatro. Ahí corroboramos que los hermanos Muñoz David aparecían como reinsertados y que hacían parte de la red de inteligencia militar, que estaban patrocinados por el Ejército y que también habían trabajado con los paramilitares. Así que ellos arrastraban unas cadenas largas y pesadas. Eso explica que siempre anduvieran con walkie-talkie, y eso azaraba mucho.

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En la Brigada aseguraron que yo era investigado por presuntamente pertenecer al frente 47 de las Farc, e incluso dijeron que yo había perdido una pierna en combate en el municipio de Sonsón, cuando yo nunca había ido a ese pueblo. Los falsos datos, al parecer, los había suministrado a las autoridades un reinsertado que buscaba beneficios implicando a varios universitarios como integrantes de las milicias. El dato de que me faltaba una pierna a causa de un combate fue lo que me salvó. Decidimos no tocar a los hermanos. Era más que claro que lo que ellos querían era que nosotros los agrediéramos. Esto fue entre el 2005 y el 2006, cuando yo ya colaboraba regularmente con la Corporación Jurídica Libertad y era muy activo en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, recién creado en junio del 2005. Mientras tanto, trataba de sacar adelante mi trabajo de grado sobre la minería enclave en el municipio de Segovia.

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Años después, cuando Alonso Salazar era alcalde, me tocó de nuevo ir a la Fiscalía pues me habían abierto otra investigación. Quien llevaba mi caso me dijo que tenía fotos mías hablando con encapuchados. Yo le dije a la fiscal que sí, que era cierto, que me tocaba hablar con ellos porque hacía parte de una organización de derechos humanos y mi labor era interlocutar con ellos y las autoridades. Me preguntó quién podía dar fe de eso. Le dije que llamara a tal y tal coronel, con quienes con regularidad hablaba. Añadí: “Hable con el alcalde Alonso Salazar, hable con el secretario de gobierno, con la gobernación”. El hecho de ser visible evitó que me detuvieran.

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Fue un interrogatorio de varias horas. Me notificaron que estaba en una investigación que finalmente concluyó en el 2011. Se me impidió salir del país y tenía que presentarme cada cierto tiempo a la fiscalía. Los delitos que me endilgaron fueron rebelión y concierto para delinquir.

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En el 2006 los capuchos llegaron a criticar al Comité Gustavo Marulanda por nuestra interlocución, pues incluso denunciamos a algunos por robos dentro y fuera de la universidad y por desmanes sin sentido, sin política de fondo. Por supuesto que en la universidad había expresiones abiertas y a la vista de todos, pero también resistían las clandestinas.

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Dos eventos marcaron ese febrero del 2006, la conmemoración del primer aniversario de la explosión donde murieron dos estudiantes, y la recordada persecución judicial que vivían aún ocho más, detenidos desde mayo del año pasado. Y segundo, la conmemoración de los 40 años de la muerte del comandante Camilo Torres, líder sacerdote del ELN.

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En mayo de ese año rodaría por los pasillos una nueva amenaza de las AUdeA, con los nombres de 23 integrantes de la comunidad universitaria, entre ellos varios de los estudiantes que habían salido libres, además de algunos profesores. Varias organizaciones denunciamos el hecho, incluso con Amnistía Internacional, como ya lo veníamos realizando con otros casos ante la inoperancia de la justicia nuestra.

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Estudiantes, profesores, trabajadores y pensionados rechazamos esta amenaza y realizamos una marcha hasta La Alpujarra. Ahí también estuve de interlocutor con las autoridades para que la manifestación no se desbordara en desmanes. El Día del Estudiante Caído sí me fue imposible intermediar porque es costumbre que la cosa se prenda. En julio, finalmente, los ocho estudiantes que quince meses atrás habían sido detenidos, recobraron su libertad porque la fiscal Fabiola Muñetón no pudo recolectar las pruebas suficientes para vincularlos con las Farc y el ELN. Por eso lo de “tinterilla” de Uribe. Fue un año duro, entre otras cosas porque fue el periodo de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, que más que una desmovilización fue una reorganización, una fachada.

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Por entonces yo ya estaba buscando alejarme de todo ese trajín, estaba por los 30 años, y más cuando vi, como lo observaron otros, que algunos capuchos estaban inhalando drogas. Dijimos, esto se volvió lumpen, esto perdió su nivel político.

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Por supuesto que expresiones auténticas del movimiento seguían vivas, pero era inevitable no hablar en las asambleas estudiantiles de ese fenómeno al que pedimos regular por parte de algunos líderes, y que sospechábamos eran motivado desde El Aeropuerto. Esta situación sin duda se daba porque faltaba organización, incluso una vez dije en la asamblea: “Si todos fuéramos tan organizados y disciplinados como los evangélicos, nada de esto estuviera pasando”.

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